Celia Pronzalino, Counselor, Consultora Psicológica, Especialista en discapacidad y familia, habló sobre la presentación del proyecto de ley que propone el cambio de denominación al Certificado Único de Discapacidad
El proyecto de ley por el cambio de denominación del Certificado Único de Discapacidad se presentó el mes pasado. La entrevistada explicó que el cambio de nombre es para que “se deje de estigmatizar poniendo este nombre y el foco en el problema, a la persona con discapacidad”.
En palabras de Pronzalino, “el Estado se está haciendo cargo con este cambio de denominación” presentada por varias asociaciones civiles. La idea es “otorgarle los apoyos necesarios que las personas necesitan para acceder a través de la ley de discapacidad 24.901 para su pleno desarrollo y despliegue”.
Tramitar el Certificado de Discapacidad frente a la Burocracia y Discriminación
La Counselor explicó que no todas las personas que necesitan el certificado hacen el trámite para obtenerlo, y esto tiene que ver con la burocracia. Hay “una burocracia que tiene que ver con la falta de credibilidad. Como que hay que demostrar constantemente lo que uno es para poder acceder a apoyos”.
La cuestión de la credibilidad, según dijo Pronzalino, a veces tiene que ver con el abuso del acceso a los apoyos, que existe en algunos casos. Por eso es necesario de parte de todos, “hacernos cargo, y responsables como ciudadanos, y aún más como profesionales, en cuál es nuestro rol. Y cuál es nuestro granito de arena que debemos aportar para que todos podamos gozar de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos”.
“En la Argentina, dentro de nuestra población, tres millones y medio de personas tienen discapacidad”, aseguró la especialista. “Pero no todos la han certificado por el impacto que genera sacar un certificado de discapacidad”, un impacto que generalmente termina resultando en discriminación hacia ellos.
Sin embargo, Pronzalino insistió en invitar a las familias involucradas a que “accedan al Certificado Único de Discapacidad”. Recordó que se trata de “un derecho y es un beneficio que facilita a las familias poder acceder a todos los espacios de la sociedad. Que no lo tomen como algo discriminatorio. Que no es responsabilidad de la familia, ni de la persona con discapacidad cómo el otro se para frente a ello. No es su rol trabajar o convencer al resto del mundo que somos todos sujetos de derecho, aún las personas con discapacidad.”
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