Son tiempos de conflictividades exacerbadas. Recientemente en la ciudad de Mar del Plata, un grupo de padres incendió la casa de un niño de diez años, acusado de tocar a dos compañeras de seis. Junto a su madre y hermanas lograron salvar la vida, mientras que su perro murió en el incidente. Las familias apedrearon la escuela y los docentes debieron ser custodiados por las fuerzas de seguridad.
El reciente episodio de violencia, diría extrema, nos estremece, nos preocupa, nos duele, aunque justo es decir que no nos sorprende. Ya hace unos años atrás, en el regreso a la presencialidad, finalizada la medida de confinamiento en nuestros hogares por causa del COVID 19, fueron recurrentes los episodios de familiares que ingresaron a establecimientos escolares con el propósito de golpear a niñas y niños que supuestamente hacían bullying a sus hijos o a los docentes “que no hicieron nada por protegerlos”.
“Se me soltó la cadena” se justificó la madre en los medios de comunicación masivos. Su accionar, lejos de encontrar desaprobación social, fue festejado por una parte significativa de nuestra sociedad en las redes: “Felicitaciones mamá, defendiste a tu hijo”, “Si mi hijo es bulleado y nadie hace nada para protegerlo, yo le hago tragar todos sus dientes”. “En Estados Unidos, una 22, pum, pum y listo, se acabó el problema”. “La dirección, los docentes, los porteros, todos son culpables, hay que echarlos a todos”.
Las emociones son producciones subjetivas pero a la vez sociales. La ira tal vez existe desde que el hombre es hombre. ¿Qué la provoca?, ¿qué hacemos con ella?, las respuestas a estos interrogantes están teñidas por la subjetividad de la época, por las representaciones que una determinada sociedad pone a disposición de los sujetos, por los discursos y abordajes que habilita y legitima.
¿Qué sucede con una sociedad tan presta a castigar a sus jóvenes generaciones a la vez que permite amplios márgenes de violencia para con quienes deberían ampararlas? Ni siquiera la conmoción frente a la gravedad de los hechos alcanza para frenar el odio y la violencia: “No pasa nada…ahora le dan una beca al nene para un taller de ESI, lo pasan de grado y le consiguen una casita nueva para q siga jugando con sus nueves compañerites…”, podemos leer en las redes. Niñas, niños y adolescentes son objeto de la más cruel punición. Todo parece estar justificado cuando se trata de poner fin a este nuevo “flagelo social”, la violencia en las escuelas.
Extrañas paradojas: en pleno auge de la Educación Emocional, de sanción de leyes que proponen enseñar a regular las emociones en las escuelas, una sociedad adulta que ve con buenos ojos la venganza sin límite, que empuja al odio e incita a la violencia. Y de la mano de la visibilización del bullying, un fenómeno escolar que tal vez existe desde que la escuela es escuela, la escalada de los conflictos hasta límites que jamás hubiéramos sospechado.
La proliferación de la violencia
Si tiempo atrás la violencia irrumpía en la escuela secundaria, hoy lo hace en todos los niveles y modalidades de la enseñanza, desde el nivel inicial hasta la educación superior universitaria y no universitaria. Es que la proliferación de los discursos que se autodenominan “antibullying”, hace aproximadamente una década, lejos de poner fin a las violencias, significó un claro retroceso en la conformación del sistema democrático de convivencia en las escuelas y el retorno del paradigma punitivo en sus versiones más crueles. Ya no discutimos las amonestaciones, sino que niñas, niños y adolescentes pueden ser denunciados penalmente, ser responsabilizados por la prensa por el suicidio de un compañero, ver vulnerado su derecho a la intimidad en las redes con un mote de “violador” o “abusador” que lo acompañará de por vida, sufrir el maltrato de un adulto que ingresa a la escuela con ánimos de revancha y hasta una poblada que incendia su vivienda con ellos adentro, causando la muerte de su perro. Algo huele mal.
El reciente episodio es extremo, pero es uno más en una larga e interminable lista. Familias que solicitan la revisión de la mochila de los niños de nivel inicial para identificar al “perpetrador” frente a la pérdida -o quizás sustracción- de una servilleta o de un útil escolar, que piden la expulsión de un niño con dificultades motrices que sin intención se tropieza con sus compañeritos, que denuncian penalmente por abuso sexual a un niño de 5 o 6 años, que reclaman sumariar a una docente que “mira mal” a su hijo o un estudiante de nivel superior que denuncia que su docente le hace bullying cuando obtiene un punto menos que la calificación que cree le corresponde.
¿Es la ira de los familiares una respuesta espontánea? Advertí hace años atrás, cuando coordinaba el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, los estragos en el lazo que provocó el modo en que se visibilizó una problemática escolar de vieja data, el bullying. Me preocupaba en aquel entonces cuánto lograron permear nuestra sociedad construcciones discursivas que criminalizan a infancias y adolescencias, promueven la representación del otro como amenaza o fuente de peligro a la vez que colocan a la escuela bajo sospecha y profundizan la deslegitimación social del rol docente. Sus efectos en la subjetividad y en el lazo, más temprano que tarde, se hicieron sentir en las escuelas: la desmedida punición a niñas, niños y adolescentes, el aumento de la desconfianza entre la escuela y las familias, la judicialización de las relaciones escolares, la cada vez más desenfrenada exacerbación de las conflictividades.
Si analizamos campañas, legislación, películas o series de ficción, videojuegos y otras manifestaciones culturales y artísticas que con el objetivo de poner fin al bullying se multiplicaron en aquel entonces encontraremos un argumento recurrente: frente a la presencia de un otro que constituye una amenaza, la inacción por parte de los docentes deja a los sujetos al desamparo, inermes, a merced de ese otro que los vuelve objeto de sus actos. El vacío de autoridad, a veces una realidad pero muchas un prejuicio ya que “no hacer nada” significa no hacer lo que quieren las familias, habilita la venganza, con los efectos de ruptura de los lazos de solidaridad que son el basamento de toda comunidad. Trás la construcción de un otro temido, así sea un niño de 5 ó 6 años, la construcción de una subjetividad victimizada. Un combo explosivo.
El malestar y las políticas que pusieron jaque el bienestar
Claro está sería ingenuo atribuir el malestar exclusivamente al auge de estas construcciones discursivas, sino que encuentran terreno fértil en una sociedad que vio fragmentar el lazo y declinar sus formas tradicionales de autoridad, como consecuencia de políticas que pusieron en jaque el estado de bienestar y la promesa de un futuro más igualitario. Pero justo es señalar que agravaron la problemática que pretendían solucionar.
Difícil resultar apaciguar, pacificar, reponer la experiencia de lo común frente a conflictos habituales en las escuelas. ¿Son nuestras infancias y adolescencias sujetos de derecho cuando una acusación no comprobada a un niño de diez años provoca un intento de linchamiento mientras que el accionar violento, sin lugar a dudas delictivo, por parte de los adultos encuentra pronta justificación y aprobación en las redes? En protesta contra lo sucedido, los gremios docentes convocaron a un paro. “¡No a la violencia en las escuelas!”, “Los establecimientos educativos son territorios de paz”, expresaron. Más que una descripción ingenua de lo que hoy sucede, parece un llamado a la reflexión a las familias, a la justicia, a la comunidad, a la regulación de los discursos de odio en las redes, en definitiva, a ese entramado social que supimos en algún momento denominar “sistema de protección integral”.
Los discursos que se pretenden “antibullying” no son aislados sino en serie con un conjunto de dispositivos a través de los cuales nuestras sociedades intentan abordar -con poco éxito- la violencia en las escuelas. Legislación o líneas telefónicas que promueven la denuncia, proyectos de revisión de las mochilas, personal de vigilancia en los recreos, cámaras de seguridad o detectores de armas en las escuelas, señalan con su sola presencia la existencia de un otro que nos amenaza, que nos intimida. ¿Cómo sostener en este contexto la convivencia como una experiencia de enseñanza y de aprendizaje, la construcción del otro como semejante, quien es diferente a uno mismo pero igual en derechos?
A los pocos días del encendido debate que generó la serie Adolescencia, me consultaron por dos episodios en los que niños de primaria concurrieron a la escuela con un cuchillo tramontina, fueron filmados y las imágenes circularon por toda la comunidad, uno de los casos dio origen a una denuncia penal. Que los niños lleven navajas o tramontinas a la escuela no es nuevo, lo hacían mis compañeros hace ya varios años. Hace unos días transcendió a la prensa un grupo de adolescentes de segundo año denunciados por abuso sexual por el “chifla, chifla” según informaban las noticias, otra práctica habitual en aquellos tiempos y que, al parecer, ha trascendido de generación en generación. Claro está que la escuela no lo puede permitir, tiene que enseñarles que pueden lastimar o lastimarse o que no pueden tocar las partes íntimas del otro sin consentimiento, pero de ahí a un asesino o a un abusador hay un camino que no se recorre, el pedagógico, habría dicho un tiempo atrás, la crianza agregaría hoy, ese tiempo de espera que las personas adultas concedemos a las jóvenes generaciones, a quienes están creciendo y que se encuentran en pleno proceso de conformación subjetiva. Como todo dispositivo, los discursos no son inocuos, preformatean y moldean subjetividades, avivan miedos, crean monstruos y despiertan enconos. Y cuando en un niño vemos un demonio o un monstruo, la misma categoría de infancia se desvanece.
Los lamentables hechos sucedidos en la ciudad balnearia bien podrían ser un episodio más de “Relatos salvajes”. En el film argentino dirigido por Damián Szifron, el personaje interpretado por Darín coloca una bomba que detona cuando una vez más e injustamente su automóvil es llevado por la grúa a la playa de acarreo. En sus escenas, que muestran cierto fracaso de la operación de la cultura de hacer del cachorro humano un sujeto social, los sujetos quedan librados a sus pulsiones y a las pulsiones del otro, no poseen ningún freno que las regule. Una vez más, la realidad supera a la ficción.
Frente al desconcierto que esto produce, la tentación por la restauración de respuestas punitivas es mucha. Pensemos sino en el proyecto presentado recientemente por la provincia de Mendoza, que propone aplicar multas a los padres cuyos hijos “bulleen” a sus compañeros y no hagan nada por corregirlos. El tiempo dirá pero me atrevo a afirmar que, en caso de prosperar la medida, lejos de hacer cesar las situaciones de violencia, será la puerta de entrada a nuevos conflictos, porque ¿quién determina si los padres hacen o no algo para corregir el comportamiento de su hijo?, ¿quién deslinda si hay o no bullying en tiempos en que todo se nombra como tal?
En la vereda de enfrente de iniciativas que no hacen otra cosa erosionar el entramado social, quienes nos negamos a naturalizar que niñas, niños y adolescentes reciban una injustificada denuncia penal, la golpiza desenfrenada de un familiar o un estigma que afectará su desarrollo subjetivo, apostamos al lazo, a fortalecer las escuelas como espacio de aprendizaje de la convivencia, de construcción de lo común, aun a sabiendas de que es una tarea necesariamente inconclusa y, hoy más que nunca, contracultural y contrahegemónica.
Ana Campelo
