La reforma laboral modifica aspectos de las relaciones laborales, pero su impacto no es el mismo para todos los trabajadores de la educación. El abogado laboralista Juan Ignacio Blascone, de Estudio PSV, explicó qué ocurre en el ámbito estatal y privado y cuáles son los principales puntos de atención.
La reforma laboral impulsada a nivel nacional introduce modificaciones en distintos aspectos de las relaciones de trabajo. Sin embargo, su alcance no es el mismo para todos los docentes. Mientras quienes se desempeñan en establecimientos estatales se encuentran regidos por los estatutos docentes provinciales, en la educación privada conviven la Ley de Contrato de Trabajo y las regulaciones específicas de la actividad.
Para Juan Ignacio Blascone, abogado laboralista del Estudio Jurídico PSV, esta diferencia resulta fundamental para comprender qué efectos concretos puede tener la reforma sobre el sector educativo. El especialista calificó a la nueva normativa como “una reforma regresiva” porque, desde su perspectiva, “cercena derechos” que los trabajadores habían conquistado a lo largo del tiempo.
No obstante, al analizar específicamente la situación docente, Blascone puso el foco en el resguardo que ofrecen los estatutos provinciales.
El alcance de la reforma en la actividad docente
En el caso de los docentes de establecimientos estatales, el abogado explicó que la reforma laboral nacional no modifica directamente su régimen de trabajo, ya que se encuentran comprendidos por los estatutos docentes de cada provincia.
La situación de quienes trabajan en instituciones privadas presenta algunas diferencias. Allí existe una relación laboral alcanzada por la legislación nacional, pero también intervienen los estatutos específicos que regulan la actividad docente. Para Blascone, este marco establece un límite frente a algunas de las modificaciones generales introducidas por la reforma.
Entre los cambios que sí pueden resultar relevantes para el ámbito privado se encuentra la extensión del período de prueba. Según explicó el especialista, el plazo pasa de tres a seis meses y puede extenderse en determinadas circunstancias hasta períodos mayores.
La modificación adquiere especial relevancia cuando se la traslada a una situación concreta. Un docente que ingresa a un nuevo establecimiento podría desarrollar su tarea durante buena parte del ciclo lectivo y, al finalizar ese período, encontrarse con que el empleador decide no continuar el vínculo sin necesidad de justificar la decisión ni abonar una indemnización por despido.
“Existe la posibilidad para el empleador de terminar ese nuevo vínculo sin ningún tipo de justificación. Sin dar motivos y sin ningún tipo de indemnización”, señaló Blascone.
Cambios en las indemnizaciones y actividad sindical
Otro de los aspectos señalados por el abogado es la modificación de la forma de calcular las indemnizaciones por despido sin causa. La reforma no elimina este derecho, pero establece cambios sobre los conceptos que se consideran para determinar el monto correspondiente.
De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, quedan fuera del cálculo determinados rubros que anteriormente podían ser considerados, entre ellos las vacaciones no gozadas, el aguinaldo, las horas extras y las suplencias.
La reforma también introduce modificaciones vinculadas con la actividad sindical. Blascone cuestionó especialmente la posibilidad de que determinadas medidas de fuerza puedan ser consideradas como injurias graves y utilizadas como fundamento para un despido con causa.
El abogado consideró que esta modificación podría entrar en conflicto con normas constitucionales y convenios internacionales. Al mismo tiempo, aclaró que no toda actividad desarrollada por las organizaciones sindicales queda comprendida en esa situación. Congresos, reuniones y capacitaciones, por ejemplo, no serían automáticamente equiparables a las medidas de fuerza alcanzadas por las nuevas disposiciones.
Frente a estos cambios, Blascone señaló además que existe la posibilidad de recurrir a la Justicia para discutir la constitucionalidad o la aplicación concreta de determinadas medidas. De este modo, la implementación de la reforma también podría abrir una etapa de litigios individuales y colectivos.
Para los docentes, sin embargo, el punto de partida continúa siendo distinguir el régimen laboral que corresponde a cada ámbito. Más allá de los cambios generales introducidos por la reforma, los estatutos específicos de la actividad mantienen un papel central en la protección de las condiciones laborales del sector.
“En cuanto al nivel provincial, hay un estatuto docente que rige la actividad en su totalidad para los empleados públicos. Hay un estatuto también para los docentes de escuelas privadas. Y creo que hay un resguardo ahí de esta modificación que viene a alterar, a trastocar absolutamente todo lo que es el régimen laboral del empleo privado, bueno, están escudados. Eso a mí por lo menos me da cierta tranquilidad”, concluyó Blascone.
