Luján Cottone, secretaria gremial de SADOP Provincia de Buenos Aires, contó todo sobre el trabajo que el sindicato viene realizando en los operativos conjuntos con el ministerio de trabajo provincial.
En la primera etapa del operativo articulado entre SADOP y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se inspeccionaron más de 200 servicios educativos, en 30 localidades distintas. El objetivo del trabajo conjunto fue “verificar el cumplimiento de las obligaciones que todos los empleadores tienen, que son los derechos de los y las trabajadoras de la educación”.
Cottone explicó que la motivación concreta para la realización de los operativos es la disminución del salario. Esta disminución se da “a partir del mes de marzo, cuando los empleadores dejan de pagar las sumas que venían siendo percibidas en el salario, en concepto de incentivo docente y de conectividad. Pero como conformaban el salario, y como hacía ya mucho tiempo que eran parte integral del salario se convierten para los y las trabajadoras en un derecho adquirido”.
“Hemos recorrido más de 200 servicios educativos en esta primera instancia”, declaró la sindicalista. También aclaró que habrá una segunda etapa del mismo operativo, con un alcance de igual magnitud. Al cierre de esta primera etapa se verificó la documentación que se requirió quince días antes, con el inicio de las inspecciones.
El procedimiento de los operativos
La representante de SADOP recordó que las inspecciones son un instrumento habitual de intervención gremial. Sin embargo, destacó que se haya dado “en el marco de un operativo de esta envergadura, con tanto alcance territorial y en la simultaneidad. Fue un día, que salimos de manera simultánea a todos estos servicios educativos. Con inspectores del Ministerio de Trabajo que en algunos casos eran de la localidad a la que íbamos a recorrer. Y en otros casos fueron inspectores del ministerio de acá de la Provincia”, que se trasladaron a los diferentes puntos.
En cuanto al procedimiento ante la presencia de irregularidades, Cottone destacó que el objetivo de los operativos no es la recaudación monetaria. “A nosotros nos interesa siempre que el resultado de estas inspecciones sea la regularización de la situación laboral que encontramos como irregular. No vamos en la búsqueda de la infracción monetaria, sino que se deje de vulnerar ese derecho”.
La gremialista advirtió que también hubo resistencia por parte de “algunos empleadores que no permitieron el accionar del Ministerio de Trabajo, que tiene el poder de policía cuando hace estas inspecciones”. Ante el impedimento para ingresar a los inspectores, según el procedimiento se labraron actas de infracción que generalmente puede traducirse en una sanción económica o una segunda instancia de inspección, esta vez con la fuerza pública.
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