María Luján Cottone, Secretaria Gremial de SADOP Provincia de Buenos Aires explicó por qué la seguridad ante la violencia escolar es responsabilidad de los empleadores en los colegios de gestión privada. Además, detalló las herramientas legales vigentes que protegen la integridad del personal docente ante los casos de agresiones.
Los hechos de violencia al interior de las instituciones educativas dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una preocupación cada vez más frecuente. Agresiones físicas y verbales protagonizadas por estudiantes o familias hacia docentes y equipos directivos plantean un escenario que impacta tanto en la tarea pedagógica como en las condiciones de de quienes sostienen la institución escolar. Para María Luján Cottone, Secretaria Gremial de SADOP Provincia de Buenos Aires, esta realidad exige ser abordada desde una perspectiva laboral, entendiendo que la protección de los trabajadores constituye una responsabilidad tanto de los empleadores como del Estado.
La violencia escolar como riesgo para quienes trabajan en la institución
Cottone señaló que el aumento de estos episodios encendió las alarmas dentro del gremio por las consecuencias que tienen sobre la salud y la integridad de los trabajadores.
“En este último tiempo, con mayor frecuencia se vinieron dando hechos de violencia que tienen que ver con agresiones de parte de las familias, o de parte de los alumnos a algún personal docente”, declaró la sindicalista. En este sentido, instó a las instituciones a tomar cartas en el asunto sin dejar pasar el tiempo, “porque lo que está en riesgo es la salud, la integridad física de los y las trabajadoras”.
Desde esta mirada, la representante del SADOP explicó que la legislación laboral actual contempla obligaciones concretas para quienes emplean personal docente. En las instituciones de gestión privada, recordó, el deber de garantizar condiciones seguras de trabajo está establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.
“La parte empleadora tiene una responsabilidad que está establecida en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el deber de seguridad respecto de sus dependientes”, afirmó. Este deber implica tanto generar condiciones que prevengan situaciones de violencia como intervenir para resguardar al trabajador cuando un hecho no pudo evitarse.
En este sentido, Cottone destacó la importancia de instrumentos como el Acuerdo de Resguardo y Reparación, que fortalecen la obligación institucional de proteger a los docentes frente a situaciones de violencia laboral. Pero, además, advirtió que estos episodios no pueden interpretarse como conflictos individuales.
“Cuando a un docente lo violentan, lo golpean adentro de una escuela, no es el problema de ese docente de manera individual. Sino que es una situación que impacta sobre toda la comunidad educativa”, sostuvo. La dirigente gremial agregó una definición que atraviesa el presente de muchas instituciones: “Este tiempo es un desafío a la autoridad pedagógica”.
Prevención, participación y herramientas para construir escuelas seguras
Frente a este panorama, SADOP impulsa distintas estrategias orientadas tanto a la prevención como a la intervención cuando ocurren hechos de violencia.
Uno de los espacios centrales son los Comités Mixtos de Salud y Seguridad, ámbitos paritarios donde representantes de los trabajadores y de las instituciones analizan las condiciones laborales y proponen medidas para mejorarlas. Cottone destacó que estos comités ya funcionan y que el objetivo es promover su implementación efectiva en cada establecimiento, ya que constituyen espacios donde las decisiones acordadas tienen carácter obligatorio al interior de la institución.
A esto se suma la Guía de Intervención ante Situaciones de Conflicto en las Instituciones Educativas, un instrumento que orienta cómo actuar frente a distintos episodios de violencia, tanto aquellos que afectan a los trabajadores como los que implican la vulneración de los derechos de los estudiantes. La guía busca ofrecer criterios para responder rápidamente, contener a las personas involucradas y generar acciones que permitan evitar la repetición de los hechos.
En paralelo, el sindicato desarrolla un plan de acción que combina campañas de visibilización, difusión en medios y redes sociales, capacitaciones y presentaciones ante organismos como la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo.
Para Cottone, ninguna herramienta será suficiente si el problema continúa abordándose de manera aislada. La construcción de ámbitos seguros requiere el compromiso de toda la comunidad educativa y el diálogo permanente entre quienes forman parte de ella.
“Tenemos que estar dialogando para generar o para encontrar entornos seguros. Una escuela como un entorno seguro lo es para el docente que va a trabajar, pero también lo es para el alumno que va a aprender”.
