La secretaria general de SADOP Nación advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento educativo y la pérdida del poder adquisitivo docente. Además, remarcó los riesgos de avanzar sobre el derecho a huelga bajo la figura de declarar a la educación como “servicio esencial”.
La fragmentación salarial docente, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el debate sobre el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo fueron los ejes centrales abordados por Marina Jaureguiberry, secretaria general de SADOP a nivel nacional, durante su reciente entrevista con Asuntos Docentes.
Con la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de un llamado a paritarias nacionales, la dirigente sindical destacó el impacto que la fragmentación del sistema tiene en las condiciones laborales y en la calidad educativa.
Salarios fragmentados y desfinanciamiento educativo
La falta de un llamado a discutir el salario docente en paritarias por parte del Gobierno Nacional fue uno de los focos de las críticas de Jaureguiberry. “Tenemos 25 jurisdicciones, y 25 discusiones distintas de salario. Entonces, tenemos realidades muy desparejas”, afirmó. A eso se suma la eliminación del FONID que era una de las herramientas compensatorias que históricamente buscaban equilibrar la disparidad histórica entre provincias.
Según explicó la sindicalista, se trata de una situación que no solo impacta en el sueldo inmediato de los trabajadores, sino también en aspectos estructurales vinculados con las jubilaciones y las obras sociales. “Tenemos algunas provincias donde más del 80 por ciento del salario de los compañeros está constituido por cifras no remunerativas”, denunció.
Para la titular del SADOP, detrás de estas decisiones existe un retiro del Estado Nacional de su rol como garante del sistema educativo, algo que, sostuvo, contradice tanto el espíritu de la Ley de Educación Nacional como el reconocimiento constitucional de la educación como derecho humano y bien público.
El derecho a la educación y el debate sobre la “esencialidad”
Jaureguiberry también cuestionó los intentos de declarar la educación como “servicio esencial”. La gremialista señaló que esa definición implica avanzar sobre derechos laborales históricamente reconocidos.
“No es un tema estricto de la educación. Sino es haber subido a la esencialidad a múltiples actividades”, declaró. Y agregó que la principal consecuencia de esa medida es limitar el ejercicio del derecho constitucional a huelga por parte de los trabajadores y las organizaciones sindicales.
En esa línea, defendió la educación como un sector que no puede reducirse únicamente a una discusión administrativa o de funcionamiento del sistema. “La educación es un derecho humano y es un bien público”, sostuvo.
Los desafíos pedagógicos y el modelo de país
Durante la entrevista, la responsable del SADOP también se refirió a los desafíos pedagógicos actuales, entre ellos el impacto de la Inteligencia Artificial y las reformas académicas que atraviesan distintas jurisdicciones. Frente a esos cambios, remarcó que la participación docente resulta indispensable para que las transformaciones tengan sentido dentro de las aulas.
“Las voces de las y los docentes tienen que ser escuchadas y tienen que tener protagonismo siempre en cualquiera de los cambios que se encaren”, afirmó. Además, agregó que muchas reformas pueden tener fundamentos teóricos valiosos, pero requieren el conocimiento cotidiano y la experiencia concreta de quienes trabajan a cotidianamente en las escuelas.
Jaureguiberry vinculó el debate en torno al ámbito educativo con una discusión más amplia sobre el modelo de país y el lugar de la educación, la ciencia y la tecnología. En este sentido, planteó que el financiamiento educativo no puede pensarse únicamente como una cuestión presupuestaria, sino como una definición política vinculada a la igualdad de oportunidades y a mejorar las condiciones de vida de la población.
“Tiene que haber dignidad en los salarios. En las condiciones de trabajo. En las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Tiene que haber inversión educativa, tiene que haber financiamiento educativo para que se den las cuestiones de calidad integral de la educación en nuestro país”, expresó.
Para la gremialista, la inversión en educación y la defensa de la tarea educativa está internalizada en la sociedad, porque, según concluyó, “si donde está la escuela está la patria, en el compromiso de nuestros docentes, de nuestras pibas y de nuestros pibes está la esperanza de un futuro de dignidad para todos y para todas”.
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