Con la aprobación del Presupuesto 2026, los docentes que dictan materias extraprogramáticas pasan a aportar al IPS. Así, acceden a igualdad salarial, régimen de licencias y condiciones jubilatorias equivalentes a las del resto de la docencia.
La incorporación de los docentes qu7e dictan materias extraprogramáticas al régimen del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires marca un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de derechos laborales en el ámbito de la educación privada. El avance lo estableció esta semana la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, y fue una reparación largamente esperada.
En diálogo con Asuntos Docentes, la secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, Adriana Donzelli, explicó que esta medida pone fin a una situación de discriminación histórica. Esta afectaba a miles de trabajadores: hasta ahora, los docentes extraprogramáticos realizaban aportes a un sistema previsional diferente al del resto de sus colegas, la caja jubilatoria de ANSES. Esto sucedía incluso cuando las instituciones educativas, y las exigencias pedagógicas eran las mismas que para el resto de la docencia.
“Hablamos de una reparación histórica. Con todos los docentes que dictan materias extraprogramáticas en la currícula obligatoria de los colegios, que estaban siendo injustamente discriminados”, señaló la gremialista. Esa desigualdad no solo impactaba en lo previsional, sino también en los acuerdos salariales, la antigüedad, y el régimen de licencias. De esta forma se generaban condiciones laborales claramente desiguales dentro de una misma institución.
Con la incorporación obligatoria al IPS, los docentes extraprogramáticos acceden ahora a un régimen previsional más beneficioso que el nacional. El sistema provincial permite una jubilación más temprana, mejores índices de cálculo y la actualización de los haberes en función del salario del docente en actividad. Esto garantiza una mayor previsibilidad y protección a largo plazo. Pero, además, es un reconocimiento previsional que se convierte en herramienta clave para exigir la equiparación de otros derechos laborales.
“A partir de ahora, no habiendo ya ningún argumento que fundamente el trato desigual, todos estos docentes tendrán que estar en planta. Tendrán derecho a cobrar el mismo salario que sus compañeros. La misma antigüedad. Y a gozar del mismo régimen de licencias”, remarcó la dirigente sindical.
Según explicó la representante del SADOP, uno de los principales obstáculos para alcanzar este logro fue la resistencia de los empleadores. En este sentido, subrayó que la sanción de la norma no agota el trabajo gremial, sino que abre una nueva etapa centrada en la supervisión en conjunto con las autoridades provinciales de la Dirección General de Cultura y Educación.
En esta etapa, el rol del delegado gremial resulta fundamental. Donzelli destacó que serán los delegados y delegadas quienes, en cada institución, acompañen a los trabajadores. El objetivo es detectar irregularidades y activar los canales correspondientes para exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos.
